[sg_popup id=”7″ event=”onload”][/sg_popup]Docenas de nuevos contratos surgen en el país, temen efecto humano y económico de los mismos en la comunidad inmigrante y el resto de la población. He aquí la lista de los lugares donde están funcionando estas colaboraciones entre policía y ICE.
Un programa que entrena agentes de policía en ciudades y condados del país para hacer las tareas de la “migra” está regresando con fuerza ahora que el gobierno de Trump busca cualquier recurso que le permita ampliar su capacidad de deportar inmigrantes.
Tan solo en 2017, 29 jurisdicciones del país entraron en un “acuerdo 287 g” con el gobierno federal y otras 17 más en lo que va del año 2018, dijo Phillip Wolgin, director de política migratoria del Centro para el Progreso Americano (CAP).
Las jurisdicciones con contratos 287g. Las resaltadas en amarillo se acaban de sumar (Cortesía del Centro para el Progreso Americano CAP)
“Sabemos que el gobierno de Trump está haciendo lo posible por reforzar los métodos contra los inmigrantes” dijo Wolgin. “No obstante, tal como lo fueron en su momento, estos acuerdos tienen el potencial de hacer mucho daño a las comunidades incluyendo la pérdida de muchos miles de millones de dólares para las economías locales”.
Estos acuerdos se usaron durante algunos años durante el gobierno de Barack Obama, ayudando en su momento a deportar a 175,000 personas.
Estas ciudades o condados están considerando entrar en un contrato para entrenar a agentes para el trabajo de ICE (Cortesía de CAP)
En 2012, el gobierno de Obama suspendió el otorgamiento de nuevos acuerdos para entrenar a policías de a pie aunque mantuvo los contratos para las cárceles, luego de amplias protestas comunitarias y de haberse cometido abusos, como los del sheriff Joe Arpaio en Arizona.
En general, los contratos causaron muchas controversias porque se descubrió que los policías locales los usaban para aplicar tácticas racistas, gastaban recursos locales y no tenían buen control del gobierno federal.
Algunas jurisdicciones abandonaron sus contratos porque les resultaba muy caro mantenerlos y porque las mismas tareas las pueden realizar agentes de ICE, cuyo departamento cuenta con abundantes recursos.
Por ejemplo, el sheriff del condado de Harris, en Texas, puso fin a su contrato 287g en febrero de 2017 cuando tomó posesión del cargo un nuevo sheriff, Ed Gonzalez.
Este dijo que podía transferir a los 10 agentes que utilizaba el programa para realizar otras tareas policiales urgentes.
Evaluando las ciudades y condados que ahora utilizan estos contratos, CAP encontró que el efecto económico de incrementar las deportaciones en esas comunidades podrían perder 65,900 millones en poder adquisitivo de las familias con al menos un inmigrante indocumentado y 5,000 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales.
“Estamos hablando de inmigrantes que han estado aquí por muchos años, con familias, propiedades, negocios que podrían verse afectados por este tipo de programas que buscan aumentar las deportaciones”, dijo Wolgin.
Fuente: La Opinion
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